El Caribe ha pasado a ser un destino deseado no solo por sus playas de ensueño y su vida tranquila, sino también por una tendencia en aumento: adquirir la ciudadanía mediante la compra de bienes raíces. Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía tienen programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés), que permiten a los compradores adquirir un pasaporte caribeño al comprar una propiedad, que en algunos casos comienza en los 200,000 dólares.
La práctica, que se ha disparado en los últimos años, atrae principalmente a ciudadanos de países como Estados Unidos, Ucrania, Turquía, Nigeria y China, y se ha intensificado por la creciente volatilidad política y social, especialmente en EE.UU. Estos programas no solo ofrecen el beneficio de una nueva nacionalidad, sino que también otorgan acceso sin visado a más de 150 países, incluidos el Reino Unido y la zona Schengen, lo que aumenta considerablemente su atractivo para los ciudadanos internacionales.
Un mercado de bienes raíces en expansión y la búsqueda de estabilidad
Según informes recientes, las agencias inmobiliarias en Antigua están luchando para satisfacer la creciente demanda de propiedades de lujo, en su mayoría compradas con la intención de obtener la ciudadanía. Nadia Dyson, de Luxury Locations, una de las principales agencias de bienes raíces en Antigua, asegura que hasta el 70% de sus compradores buscan específicamente la ciudadanía a través de su inversión. La gran mayoría de estos compradores provienen de Estados Unidos, donde las tensiones políticas internas y la preocupación por la seguridad han aumentado el interés por estos programas de inversión.
Las tendencias de adquisición han mostrado un cambio claro. Anteriormente, muchos compradores elegían propiedades en el Caribe por motivos relacionados con el estilo de vida. Sin embargo, hoy en día, comprar una propiedad se ha transformado en un método directo para conseguir una segunda ciudadanía, lo cual proporciona a los compradores la flexibilidad de desplazarse globalmente sin limitaciones. Dyson nota que, aunque el programa de Antigua no requiere residencia, muchos compradores optan por trasladarse permanentemente a la isla.
La popularidad de estos programas radica en la facilidad que tienen las personas adineradas para adquirir una segunda ciudadanía sin renunciar a su nacionalidad actual, lo cual también es muy apreciado por los empresarios. Además, la ausencia de impuestos sobre las ganancias de capital, herencias e incluso sobre los ingresos en muchos de estos países, ha captado la atención de inversores a nivel mundial.
La influencia de la incertidumbre política y las ventajas de la ciudadanía
La demanda de pasaportes caribeños ha aumentado aún más desde la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones de viaje hicieron que los viajeros más acaudalados se dieran cuenta de la importancia de tener múltiples pasaportes para evitar restricciones internacionales. La política interna de EE.UU. ha sido otro factor clave. Tras las elecciones de 2020 y 2024, muchos estadounidenses vieron en los programas de CBI una forma de «respaldo» ante la creciente polarización política, como explicó Dominic Volek, de la consultora Henley & Partners, que ha documentado el auge de solicitudes de ciudadanía por inversión de ciudadanos estadounidenses.
Este fenómeno no es privativo de los residentes de Estados Unidos; individuos de diversas regiones del mundo han optado por los programas de CBI en el Caribe para obtener una movilidad más flexible y, en ciertas ocasiones, para garantizar una «protección» frente a lo que perciben como riesgos a sus libertades civiles y de viaje en sus naciones de origen.
Polémicas y preocupaciones internacionales
A pesar del auge de estos programas, no han estado exentos de controversia. En 2012, cuando Antigua comenzó a vender pasaportes para ayudar a mejorar su economía, el concepto fue criticado por muchos dentro de la isla. Manifestantes salieron a las calles en señal de protesta, argumentando que se estaba «vendiendo» la identidad nacional a cambio de dinero, lo que generó un debate ético sobre la venta de la ciudadanía.
Además, los gobiernos de otros países del Caribe que no ofrecen estos programas, como San Vicente y las Granadinas, han expresado su desaprobación, y la comunidad internacional ha mostrado preocupación por la posibilidad de que estos programas sean utilizados para la evasión fiscal o actividades delictivas. La Unión Europea y Estados Unidos han señalado que están monitoreando de cerca los programas, y han amenazado con retirar los beneficios de acceso sin visado para los ciudadanos de los países caribeños si no se toman medidas más estrictas para supervisar a los solicitantes.
Una oportunidad económica para ciertos, un reto para otros
Aunque estos programas han enfrentado críticas y preocupaciones a nivel internacional, diversos países caribeños que los han implementado sostienen su relevancia económica. El líder de Dominica, Roosevelt Skerrit, junto con su par de Santa Lucía, Philip J Pierre, han manifestado que los programas de CBI son claros y que las inversiones han sido vitales para el desarrollo de infraestructuras y el impulso económico en sus naciones. En el escenario de Antigua, los recursos obtenidos por la comercialización de pasaportes han sido esenciales para evitar la bancarrota del país y costear proyectos importantes, tales como hospitales y construcciones de infraestructura.
Aunque los ingresos obtenidos del programa CBI representan entre el 10% y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de estas naciones, los gobiernos de la región se han visto obligados a equilibrar la necesidad de generar ingresos con la necesidad de garantizar que el proceso sea seguro y ético. En respuesta a las preocupaciones internacionales, las islas caribeñas han tomado medidas para reforzar la supervisión de los solicitantes de ciudadanía, incluyendo auditorías periódicas y entrevistas obligatorias.
Un balance cuidadoso entre el desarrollo económico y la ética
La ciudadanía por inversión ha pasado de ser una herramienta económica controvertida a un modelo que genera ingresos vitales para algunas naciones caribeñas. Mientras que para muchos es una vía atractiva para asegurar una mayor libertad de movimiento y estabilidad política, otros cuestionan las implicaciones éticas y de seguridad. El futuro de los programas de CBI dependerá de cómo los países caribeños manejen este equilibrio, con una supervisión más estricta y un enfoque que garantice la transparencia, mientras aprovechan los beneficios económicos de la venta de pasaportes.
