Bolivia se encuentra en un momento crucial de su institucionalidad democrática: la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) está en manos de una Asamblea Legislativa que atraviesa un período de alta fragmentación política. La tarea, que requiere consensos amplios, se da en un contexto de tensiones internas, falta de mayorías claras y una creciente desconfianza ciudadana hacia los actores del sistema político.
El mandato de los actuales vocales del TSE, salvo una excepción, ha vencido o está próximo a hacerlo, lo que obliga a la Asamblea a definir a las nuevas autoridades antes del cierre del año para garantizar la organización del calendario electoral 2025. Esta elección es clave, no solo por el rol operativo del Tribunal en los comicios, sino también por su función de árbitro y garante de la transparencia en un escenario marcado por denuncias cruzadas, polarización y antecedentes de crisis institucionales.
La Asamblea Legislativa está compuesta por tres bloques principales: el Movimiento al Socialismo (MAS), que aún mantiene una presencia significativa aunque ya no posee la hegemonía de años anteriores; Comunidad Ciudadana (CC), liderada por Carlos Mesa; y Creemos, encabezado por Luis Fernando Camacho. Sin embargo, al interior del MAS existen divisiones marcadas entre el ala leal al expresidente Evo Morales y la corriente que respalda al actual mandatario. Estas fracturas han dificultado la construcción de posiciones comunes incluso dentro del mismo partido.
La división ha resultado en un largo bloqueo en el ámbito legislativo en varios temas importantes, y el proceso de nombramiento del TSE podría no ser distinto. Sin acuerdos, la actualización del organismo electoral podría retrasarse, lo que podría poner en peligro la planificación de las elecciones locales y generales previstas en un futuro cercano.
Sumado a esto, existe la presión de grupos sociales y entidades ciudadanas que piden un proceso transparente, basado en méritos y sin influencias políticas. La falta de credibilidad que afecta a las instituciones, intensificada por crisis electorales previas, ha provocado una demanda extendida de objetividad y profesionalismo en la formación del nuevo TSE. En este contexto, ciertos expertos señalan que una selección influenciada por cálculos políticos o reparticiones de cuotas partidistas podría aumentar la desconfianza en el sistema electoral.
El ente responsable de realizar la preselección ha lanzado ya el llamado para que los interesados entreguen su documentación, iniciando un periodo para aplicaciones que posibilitará evaluar tanto la experiencia laboral como los antecedentes éticos de los solicitantes. Luego, se anticipa una etapa de entrevistas abiertas al público, donde la gente tendrá la oportunidad de observar cómo se desempeñan los candidatos y, posiblemente, hacer comentarios.
Mientras tanto, diversos actores políticos han comenzado a pronunciarse sobre la importancia de blindar la independencia del TSE. Aunque todos los bloques coinciden en la necesidad de fortalecer la institucionalidad electoral, las diferencias emergen al momento de definir los criterios de selección, los perfiles deseables y los mecanismos de control ciudadano sobre el proceso.
En este escenario, el país enfrenta un doble desafío: renovar su órgano electoral con legitimidad y eficiencia, y al mismo tiempo, poner a prueba la capacidad de su clase política para construir consensos en un momento en el que la fragmentación amenaza con paralizar las decisiones fundamentales. Lo que está en juego no es solo la conformación del TSE, sino también la credibilidad del sistema democrático boliviano en su conjunto.
