El empresario y líder político Samuel Doria Medina presentó un ambicioso paquete de medidas con las que planea inaugurar su eventual gestión presidencial si resulta ganador en las elecciones generales de 2025. Bajo el título simbólico de “Se acabó la fiesta”, el candidato afirmó que su primer decreto apuntará a una reestructuración profunda del gasto público, recortando privilegios, reduciendo costos superfluos del aparato estatal y canalizando esos recursos hacia áreas prioritarias como salud, educación y programas sociales.
En su anuncio, Doria Medina detalló que, en los primeros 100 días de su mandato, buscará ahorrar más de 2.400 millones de bolivianos con una serie de recortes que abarcan desde la eliminación de viáticos innecesarios hasta la supresión de gastos destinados a refrigerios, vestimenta y equipamiento innecesario en oficinas públicas. El plan, según explicó, no representa un simple gesto de austeridad, sino un intento de restaurar la confianza ciudadana en la administración pública, reducir el déficit fiscal y marcar un giro frente a lo que calificó como una «fiesta de derroche con recursos del pueblo».
Un aspecto crucial de su propuesta es la clausura de medios gubernamentales catalogados como «herramientas de propaganda oficial». En este sentido, afirmó que, si llega a la presidencia, decretará el cierre inmediato del diario estatal y detendrá las emisiones de la red de radio y televisión del Estado durante 60 días. Durante este tiempo, se iniciará un debate nacional para transformar el sistema de medios públicos en uno realmente independiente, transparente y orientado al bien común.
Otra medida destacada es la eliminación de consultorías externas innecesarias, cuya contratación, argumentó, ha sido utilizada por años como una vía para crear empleos políticos y canalizar recursos discrecionalmente. Estas consultorías, muchas veces duplicadas o mal supervisadas, representan una porción significativa del presupuesto anual. El candidato propone que las tareas técnicas se concentren en funcionarios de planta debidamente capacitados.
Doria Medina también apuntó contra los beneficios de los altos ejecutivos de las empresas públicas, quienes, en su opinión, gozan de sueldos y bonos desproporcionados en comparación con los resultados que entregan. Su decreto establecería la prohibición de cualquier tipo de bono o prima para ejecutivos de empresas estatales, además de revisar los gastos de representación y beneficios complementarios.
En el ámbito administrativo, el plan contempla una racionalización del uso de vehículos oficiales, recortes en el consumo de combustibles, y una estricta regulación de los viajes al exterior por parte de funcionarios, limitando estos a misiones estrictamente indispensables. A esto se suma la eliminación de ceremonias, celebraciones y actos protocolares financiados con fondos públicos, con excepción de actividades cívico-militares como el desfile del 6 de agosto.
Doria Medina afirma que estas acciones no solo tienen el objetivo de equilibrar las cuentas del gobierno, sino también de comunicar de manera contundente una desvinculación con métodos que califica como clientelistas, poco transparentes e inviables. Según detalló, los recursos economizados serían reorientados para fortalecer la Renta Dignidad, optimizar la atención médica y asegurar el alimento de las familias más necesitadas.
El aviso es una pieza clave en su táctica electoral para los comicios de 2025, donde intenta aprovechar el descontento popular hacia lo que varios consideran un gobierno ineficiente, demorado y costoso. Su plan difiere de otras iniciativas más sosegadas que sugieren transformaciones progresivas. Por el contrario, él se posiciona como el aspirante del “cambio inmediato y tangible”.
La recepción inicial de la propuesta ha generado debate. Algunos sectores de la ciudadanía y analistas económicos ven con buenos ojos un plan que ataque de raíz el despilfarro estatal. Otros advierten sobre el riesgo de aplicar medidas drásticas sin consensos suficientes o de desmantelar estructuras sin un plan de transición claro. No obstante, Doria Medina parece dispuesto a asumir ese costo político inicial, confiando en que la transparencia y la eficiencia serán valores que la ciudadanía sabrá premiar.
La propuesta de “Se acabó la fiesta” se perfila, así, como una de las cartas más fuertes de la campaña, en un momento en que la austeridad ha vuelto a instalarse en el debate público y la ciudadanía demanda acciones concretas frente a la crisis fiscal y la ineficiencia estatal.
