El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció de manera oficial que el exmandatario Evo Morales no tendrá la posibilidad de ser candidato en las elecciones presidenciales programadas para 2025. Esta determinación confirma un fallo previo del mismo organismo electoral, alineándose con un veredicto del Tribunal Constitucional dictado en 2023, que impuso restricciones a la reelección presidencial consecutiva e ilimitada.
De acuerdo con las declaraciones de los portavoces del TSE, la descalificación de Morales no es una resolución arbitraria del organismo electoral, sino que es la implementación directa de lo dictado por el tribunal constitucional supremo del país. El fallo, emitido hace dos años, señaló que la reelección sin límite no constituye un derecho humano y estableció restricciones definidas a las candidaturas de funcionarios que ya han ocupado el cargo en más de una vez de manera continuada.
Morales, quien ejerció como presidente desde 2006 hasta 2019, ha expresado su deseo de regresar al poder y ha acusado repetidamente lo que ve como un intento político para bloquear su candidatura. No obstante, las autoridades electorales sostienen que su descalificación no está relacionada con cuestiones partidistas ni ideológicas, sino con la aplicación de las normas constitucionales actuales.
La polémica se enmarca en un contexto político tenso en Bolivia, donde persisten las divisiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido fundado por Morales y que actualmente se encuentra fracturado entre facciones que respaldan al exmandatario y sectores afines al presidente Luis Arce. Esta disputa ha intensificado el debate en torno al liderazgo dentro del partido y su estrategia de cara a las elecciones de 2025.
La resolución del TSE fue acompañada por un informe jurídico que respalda la imposibilidad de habilitar nuevamente a Morales como candidato, en virtud del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, el cual limita la reelección presidencial a una sola vez de forma continua. Además, se tomó en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el criterio anterior que permitía la reelección indefinida, con base en supuestos derechos políticos protegidos por tratados internacionales.
La declaración formal del ente electoral ha suscitado varias respuestas en el ámbito político de Bolivia. Por un lado, la oposición aplaude la medida como una victoria para el orden constitucional, mientras que los partidarios de Morales la rechazan, viendo en ella una persecución hacia el líder indígena. Dirigentes del MAS han manifestado su intención de acudir a organismos internacionales para denunciar lo que consideran una violación de derechos políticos esenciales.
Entretanto, desde el gobierno se ha evitado asumir una posición directa sobre la candidatura de Morales, aunque figuras cercanas a la actual administración han sugerido que el proceso electoral de 2025 debe ser una oportunidad para renovar liderazgos y consolidar un proyecto de estabilidad.
Analistas políticos consideran que la decisión del TSE marca un punto de inflexión en el escenario electoral boliviano. Con Morales fuera de la carrera presidencial, se abre una disputa más abierta entre nuevos liderazgos dentro del MAS, así como un reacomodo estratégico entre las fuerzas de oposición. La incertidumbre sobre quién será el candidato oficialista y cómo se reagruparán los bloques opositores marcará los próximos meses de la vida política del país.
Mientras tanto, el tribunal electoral reafirma su compromiso con la imparcialidad y la legalidad, y advierte que todas las decisiones vinculadas a candidaturas futuras serán evaluadas bajo el estricto respeto al marco constitucional y jurisprudencial vigente. Con el calendario electoral avanzando, Bolivia se encamina hacia un proceso clave en su historia democrática, donde la legalidad, la representación y la gobernabilidad estarán nuevamente a prueba.
