En un contexto de falta de dólares y prolongada incertidumbre económica, en Bolivia se ha observado un notable aumento en el empleo de criptomonedas. En los últimos doce meses, las operaciones en plataformas digitales basadas en criptoactivos aumentaron en más de un 530%, indicando un cambio notable en los comportamientos financieros de los habitantes y empresarios locales.
El fenómeno ocurre en un contexto de restricciones cambiarias, escasez de divisas en el sistema bancario y una creciente desconfianza hacia el boliviano, la moneda nacional. Estos factores han llevado a muchos bolivianos a buscar alternativas para preservar el valor de sus ingresos, sortear los controles del mercado cambiario y acceder a pagos internacionales con mayor agilidad.
A pesar de que Bolivia sostiene una de las normativas más estrictas en América Latina respecto a las criptomonedas, con una restricción oficial sobre el uso del bitcoin y otros criptoactivos como método de pago desde 2014, el aumento de estas transacciones se ha producido en plataformas internacionales o a través de aplicaciones de tecnología financiera que funcionan al margen del sistema bancario convencional.
Entre las herramientas más utilizadas por los usuarios bolivianos se encuentran billeteras digitales que permiten comprar, intercambiar y enviar criptomonedas como USDT (Tether), bitcoin y Ethereum. En particular, el uso de monedas estables, conocidas como “stablecoins”, ha ganado terreno como refugio de valor en un escenario donde el dólar oficial es escaso y el paralelo tiene una cotización muy por encima de la establecida por el Banco Central.
La escasez de divisas, originada en parte por la disminución de las reservas internacionales, ha resultado en un mercado negro del dólar en constante crecimiento. Las limitaciones para adquirir legalmente moneda extranjera y los obstáculos para realizar transferencias fuera del país han llevado a empresas importadoras, autónomos y personas comunes a utilizar métodos alternativos de intercambio financiero.
Especialistas en economía digital indican que el aumento de las operaciones con criptomonedas en Bolivia está en consonancia con una tendencia regional, aunque en este contexto se intensifica debido al entorno macroeconómico local. Dado que no hay un sistema bancario que permita la compra de dólares o transferencias internacionales sin limitaciones, muchas personas consideran las criptomonedas como una alternativa más eficiente, aunque conlleva riesgos regulatorios y de seguridad.
Aunque el empleo de criptoactivos ha crecido exponencialmente, las autoridades en Bolivia han adoptado una actitud cautelosa ante este fenómeno. Tanto el Banco Central como la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero han lanzado repetidas alertas sobre los riesgos asociados al manejo de monedas digitales no reguladas, entre ellos la posibilidad de estafas, la pérdida de capitales y la susceptibilidad al blanqueo de capitales. No obstante, estas alertas no han conseguido detener el incremento en el uso diario de estas herramientas en sectores cada vez más extensos de la población.
Algunos expertos argumentan que la ausencia de regulaciones contemporáneas y adaptables ha mantenido al país al margen de las oportunidades que brinda el ecosistema cripto, tales como atraer inversiones tecnológicas, ampliar la inclusión financiera para aquellos sin acceso a servicios bancarios y fomentar el desarrollo de métodos de pago internacionales. Otros, por el contrario, alertan que una implementación masiva sin la supervisión correcta podría causar más distorsiones en un mercado ya afectado por la informalidad.
Actualmente, la situación evidencia que las criptomonedas se han consolidado como un mecanismo financiero habitual en Bolivia, particularmente entre los jóvenes, pequeños empresarios y poblaciones urbanas con acceso a internet y dispositivos móviles. El incremento de más del 530% en las transacciones del último año destaca que, en ausencia de opciones convencionales, los ciudadanos están optando por nuevas maneras de mantener y transferir su capital.
El reto para el Estado consiste en cómo reaccionar ante este cambio sin ceder el control de la estabilidad financiera, mientras se ajustan las normas a un entorno global que ya no puede pasarse por alto.
