Bosnia y Herzegovina: cómo reducir la fragmentación económica y aumentar la inversión
Bosnia y Herzegovina enfrenta una doble dificultad: una estructura político-administrativa fragmentada que multiplica normas y trámites, y niveles de inversión extranjera directa y empleo productivo por debajo de su potencial. Abordar ambas dimensiones requiere una combinación de reformas institucionales, incentivos económicos, mejoras regulatorias y proyectos concretos que generen confianza para inversionistas domésticos y extranjeros.
Diagnóstico breve y datos relevantes
La división territorial del país en dos entidades (Federación de Bosnia y Herzegovina y República Srpska), sumada al Distrito de Brčko y al régimen de cantones en la Federación, genera una superposición de funciones en materia de tributos, licencias y corporaciones estatales. Los efectos detectados son los siguientes:
- Costes administrativos elevados: múltiples registros, licencias y controles aumentan tiempo y costos para emprender.
- Inseguridad jurídica: heterogeneidad normativa y judicatura débil reducen la protección de contratos y la ejecución de inversiones.
- Bajos flujos de inversión: la inversión extranjera directa y el crédito productivo son inferiores a la media de la región occidental de los Balcanes.
- Desempleo estructural: tasas de desempleo y desempleo juvenil por encima de la media europea, así como salida de talento al exterior.
Según estimaciones internacionales hasta 2023, el PIB nominal del país se situaba en el entorno de veinte mil millones de dólares y el desempleo rondaba cifras elevadas en comparación con vecinos; la recuperación económica después de la pandemia fue modesta y la atracción de capital todavía limitada. Estos valores exigen acciones precisas y medibles.
Objetivos estratégicos
- Construir un mercado interno eficiente capaz de disminuir los obstáculos entre regiones.
- Optimizar la gobernanza y el cumplimiento normativo con el propósito de elevar la seguridad jurídica.
- Impulsar la aportación de capital público y privado en materia de infraestructuras y transición energética.
- Robustecer el tejido empresarial interno y las ventas al exterior mediante el respaldo a pequeños negocios y agrupaciones industriales.
Reformas institucionales prioritarias
- Armonización fiscal y de comercio: pactar unas directrices compartidas respecto al impuesto al valor agregado, los aranceles y las exenciones, implementando instrumentos de compensación entre las regiones para prevenir mermas recaudatorias locales.
- Un espacio económico único: la consolidación de una normativa para la libre circulación de productos y servicios entre jurisdicciones, suprimiendo trabas burocráticas superfluas y estableciendo la aceptación recíproca de permisos y certificaciones.
- Ventanillas únicas digitales: desplegar una plataforma electrónica nacional destinada a la tramitación de licencias, inscripciones mercantiles, autorizaciones de construcción y permisos ambientales, sujeta a plazos límite estrictos.
- Entidad coordinadora para inversión: constituir un organismo estatal de atracción de capitales que articule su labor junto a las oficinas regionales, impulse iniciativas listas para ejecutar y administre estímulos claros.
- Reforma del sistema judicial y anticorrupción: potenciar la autonomía de los tribunales, dotar de órganos mercantiles especializados a la justicia y fortalecer los gabinetes anticorrupción dotándolos de facultades de investigación y nexos internacionales.
Medidas económicas y regulatorias concretas
- Incentivos temporales y condicionados: ofrecer incentivos fiscales y asistencia a la inversión para proyectos que generen empleo certificado, transferencia tecnológica o inversión regional, con cláusulas de cumplimiento verificables.
- Simplificación de permisos y regulaciones laborales: reducir plazos para contratación y salida, modernizar inspecciones laborales y establecer programas de empleo temporal para jóvenes y repatriados.
- Política industrial orientada a clústeres: identificar sectores con ventaja comparativa —metalurgia, maquinaria ligera, agroindustria, TIC y turismo— y apoyar parques industriales y centros de formación vinculados a empresas.
- Fomento de asociaciones público-privadas (APP): marcos claros para concesiones en transporte, energía y gestión de residuos, con separación de roles, transparencia y evaluación social.
- Acceso a financiamiento: crear instrumentos de crédito concesional para pymes, facilitar garantías parciales y promover fondos de capital riesgo locales que atraigan coinversiones extranjeras.
Proyectos de infraestructura e inversiones estratégicas
- Modernización de redes energéticas: invertir en interconexiones, eficiencia y generación renovable para reducir dependencia de combustibles fósiles y atraer proyectos verdes.
- Corredores logísticos: rehabilitar carreteras y ferrocarriles que conecten polos industriales con puertos regionales, reduciendo costes de exportación.
- Parques industriales “llave en mano”: desarrollar zonas con servicios básicos, permisos preaprobados y logística para acelerar la instalación de empresas manufacturas.
- Proyecto piloto de digitalización municipal: varias municipalidades coordinadas para ofrecer servicios digitales, catastros actualizados y contratos públicos transparentes, mostrando efectos replicables.
Tácticas humanas y de capital relacional
- Formación técnica y reconversión: programas de formación profesional en alianza con empresas para cubrir necesidades concretas de mano de obra cualificada.
- Reconocimiento de títulos y movilidad laboral: acuerdos para el reconocimiento rápido de cualificaciones dentro del país y estímulos para retorno de profesionales expatriados.
- Participación ciudadana y transparencia: plataformas abiertas de datos sobre contratos públicos, inversión y resultados económicos para fortalecer confianza social.
Mecanismos de financiamiento y cooperación internacional
- Uso eficiente de fondos de preadhesión: canalizar recursos de la Unión Europea y bancos multilaterales hacia reformas institucionales y proyectos de infraestructura priorizados.
- Apoyo de organismos financieros: líneas de crédito y garantías del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Banco Mundial y bancos regionales para mitigar riesgos iniciales.
- Movilización de la diáspora: vehículos financieros y bonos para inversión en vivienda, pymes y proyectos verdes, aprovechando remesas y capital humano.
Indicadores para medir progreso
- Elevación de la proporción IED/PIB junto con la cantidad de iniciativas greenfield autorizadas.
- Disminución de los plazos y gastos requeridos para constituir una sociedad y tramitar licencias de obra.
- Progreso en los índices de facilidad para los negocios y en las valoraciones sobre la corrupción.
- Generación neta de trabajo formal, con especial foco en la juventud, y expansión de las ventas al exterior por rama de actividad.
Peligros y estrategias de prevención
- Resistencia política: plantear cambios graduales, centrados en ventajas concretas para administraciones locales y acompañados de incentivos tributarios transitorios.
- Captura por intereses: incrementar la rendición de cuentas, auditorías imparciales de iniciativas y la intervención ciudadana.
- Choques externos: abrirse a nuevos mercados y fomentar redes productivas locales para disminuir la exposición a riesgos.
Las soluciones combinadas, desde la armonización normativa y creación de un espacio económico único hasta proyectos concretos de infraestructura y formación, pueden transformar la fragmentación institucional en una oportunidad para diseñar un modelo de atracción de inversión más eficiente y justo. El progreso requiere prioridades claras, métricas verificables y el liderazgo político capaz de articular intereses locales con apoyo técnico y financiero internacional; solo así la nación podrá fortalecer su competitividad regional y ofrecer perspectivas sostenibles a las nuevas generaciones.
