El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó este lunes que el Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva para el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova, en el marco del denominado caso «Consorcio».
Córdova fue aprehendido el viernes tras presentarse voluntariamente ante la Fiscalía. Está acusado de los delitos de tráfico de influencias y consorcio, vinculados a un presunto plan para destituir mediante un fallo judicial a la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, y reemplazarla con su suplente.
Imputación y obstáculos judiciales
Aunque la Fiscalía formalizó la imputación ante el juez de turno de El Alto, este se excusó del caso, argumentando que Córdova fue su tutor en la Escuela de Jueces. La causa fue derivada a la jueza 17° de Instrucción en lo Penal, pero esta determinó que, según los instructivos del TDJ, la competencia corresponde nuevamente al juez de turno de El Alto.
Torrez aseguró que se están realizando las gestiones necesarias para que se realice la audiencia y se defina la situación jurídica de Córdova.
Otros implicados y medidas cautelares
El caso «Consorcio» involucra a otras siete personas, entre ellas:
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César Siles, exministro de Justicia: 5 meses de detención preventiva (cárcel de Patacamaya).
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Claudia Castro, exvocal del TDJ de La Paz: 4 meses de detención preventiva (cárcel de Obrajes).
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Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico: 6 meses de detención preventiva (cárcel de San Pedro).
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Iván Campero, magistrado suplente del TSJ: detención domiciliaria.
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José Ramiro Uriarte, abogado: detención domiciliaria.
Además, hay dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución por parte de la Policía Boliviana.
Trasfondo del caso
La investigación gira en torno a un supuesto acuerdo ilegal para manipular la justicia y remover a Coaquira del TSJ. Según las pesquisas, los implicados habrían coordinado acciones para favorecer intereses políticos o económicos mediante resoluciones judiciales amañadas.
El fiscal Torrez señaló que, hasta ahora, ocho personas están bajo investigación, cinco de ellas con medidas cautelares. El caso sigue en desarrollo mientras se espera que se defina la situación de Córdova y se capture a los demás investigados.
Este escándalo judicial ha puesto en evidencia posibles redes de corrupción dentro del sistema judicial boliviano, generando cuestionamientos sobre la independencia y transparencia de las decisiones en altas cortes.
