El debate sobre la necesidad de modificar la Constitución Política del Estado (CPE) en Bolivia ha ganado relevancia entre diferentes partidos políticos, quienes actualmente sugieren cambios fundamentales en la selección de magistrados y en las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta iniciativa se plantea como reacción a varias controversias acumuladas en años recientes, donde se ha puesto en duda el papel del órgano constitucional supremo en decisiones que, según varios grupos, han excedido sus poderes originales.
Los partidos políticos que impulsan esta iniciativa sostienen que es urgente revisar el mecanismo actual para la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP. Consideran que el sistema vigente, basado en la elección popular de ternas preseleccionadas por la Asamblea Legislativa, ha demostrado ser ineficaz, opaco y altamente politizado. Proponen en su lugar un proceso más técnico y transparente, donde la idoneidad y experiencia jurídica de los postulantes tengan mayor peso que las alianzas partidarias.
Al mismo tiempo, se propone disminuir el alcance de acción del TCP, restringiendo su facultad para reexaminar normas con implicaciones políticas directas. Específicamente, se hace referencia a resoluciones recientes que provocaron fricciones entre el tribunal judicial y otras ramas del Estado, en especial en lo que concierne a la aprobación o rechazo de postulaciones y la interpretación de leyes constitucionales en escenarios electorales. Estas resoluciones han sido percibidas por sectores de la oposición y algunos académicos como una manera de intervención política disimulada, lo cual ha afectado negativamente la credibilidad del tribunal.
Uno de los elementos más discutidos es la posibilidad de introducir una modificación que prohíba de manera expresa la reelección presidencial indefinida, tema que cobró especial notoriedad tras fallos del TCP que permitieron candidaturas controvertidas en procesos pasados. La idea es incluir un candado constitucional que impida reinterpretaciones que contradigan la voluntad popular expresada en referendos.
Asimismo, algunas voces dentro del oficialismo han abierto la puerta a debatir estas reformas, aunque con matices. Mientras ciertos sectores defienden la independencia del TCP como garantía del orden constitucional, otros reconocen la necesidad de ajustes, siempre que se mantenga la estabilidad institucional. No obstante, el tema genera divisiones internas y podría convertirse en un punto de fricción en futuras negociaciones legislativas.
Al mismo tiempo, grupos ciudadanos, abogados y asociaciones cívicas han empezado a unirse para apoyar el cambio. Sostienen que la confianza del público en el sistema judicial ha alcanzado su nivel más bajo y que es necesario iniciar una reforma integral que restaure la legitimidad y eficiencia de las entidades responsables de impartir justicia y garantizar el respeto a la constitucionalidad.
Para llevar adelante una reforma de este calibre, se requeriría de un proceso legislativo complejo, que incluya acuerdos de al menos dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En caso de no alcanzarse este consenso, la alternativa sería activar una reforma vía referendo popular, lo cual demandaría una campaña nacional y la recolección de un número significativo de firmas.
El debate sobre los cambios a la CPE se inserta en un contexto más amplio de cuestionamientos al funcionamiento del Estado de derecho y a la imparcialidad de los órganos judiciales. A ello se suma el aplazamiento de las elecciones judiciales, cuya postergación ha sido objeto de críticas tanto internas como internacionales, alimentando la percepción de una crisis estructural en la justicia boliviana.
Con miras a las elecciones generales de 2025, la reforma constitucional aparece como un tema clave en la agenda política del país. La presión ciudadana, el desgaste institucional y la necesidad de recuperar la confianza en el sistema democrático podrían acelerar los tiempos de discusión, aunque el camino para lograr una modificación efectiva y legítima será complejo y disputado. La definición del rol del TCP y el sistema de selección de magistrados será, sin duda, uno de los ejes principales del debate político en los próximos meses.
