El diputado Rafael López ha planteado una propuesta para abordar los denominados «asentamientos pacíficos» en la franja C-45 del departamento de Santa Cruz, a través de un tratamiento legislativo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Su iniciativa busca encarar un problema que ha generado tensión entre comunidades campesinas, autoridades departamentales y sectores productivos de la región, especialmente en lo que concierne al uso y ocupación de tierras fiscales.
López, quien es representante del departamento de Cochabamba y parte del sector radical del partido oficialista, ha expresado que la solución debe basarse en respetar el derecho de asentamiento de los grupos campesinos sin tierra, siempre que estos procesos se lleven a cabo de manera ordenada, legal y pacífica. En este contexto, indicó que el conflicto por el territorio en la región llamada C-45 puede y debería resolverse a través de un debate legislativo, con la participación de las partes interesadas y fundamentado en un análisis técnico y jurídico sobre el uso de las tierras.
El conflicto actual involucra un área de terreno situada entre los municipios de El Torno y La Guardia, la cual ha sido invadida por grupos de campesinos que afirman tener el derecho de acceder a tierras estatales sin título. Las autoridades del departamento y los representantes del sector agrícola, sin embargo, han señalado que las ocupaciones son ilegales, no siguen un plan de asentamiento autorizado y comprometen reservas forestales y zonas protegidas.
En esta situación, la perspectiva de López ha provocado opiniones variadas. Algunos grupos de agricultores consideran que su propuesta representa una chance para dirigir sus peticiones en un camino institucional. Sin embargo, líderes locales y agentes económicos del este de Bolivia han manifestado inquietud por lo que perciben como una posible validación de ocupaciones de tierras. Además, alertan que la introducción de estos asuntos en el ámbito legislativo nacional podría intensificar aún más una disputa ya complicada.
El diputado justificó su propuesta argumentando que existe una necesidad urgente de regularizar situaciones irregulares que datan de hace años y que afectan a miles de familias campesinas que se encuentran asentadas en condiciones precarias. Aseguró que, lejos de promover el avasallamiento, busca establecer criterios claros sobre la tenencia de la tierra y garantizar la seguridad jurídica para todos los actores involucrados. Añadió que los procedimientos deben respetar las normas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
Por su parte, representantes del sector agroindustrial han pedido que se investigue el origen de los asentamientos y que se identifique si detrás de estas tomas existen intereses políticos o económicos. En reiteradas ocasiones han solicitado la intervención de la Fiscalía y la Policía para frenar lo que consideran actos organizados de avasallamiento que perjudican al desarrollo productivo y ponen en riesgo inversiones en la región.
La zona C-45 se ha transformado en un epicentro del conflicto por la tierra en Santa Cruz, una área donde el crecimiento agrícola, los intereses de los agricultores y la presión migratoria interna chocan con la planificación del territorio y los límites ecológicos. La iniciativa de llevar la discusión al Legislativo muestra la intención de algunos sectores oficialistas de elevar el debate a un ámbito institucional, aunque también podría resultar en un nuevo enfrentamiento entre perspectivas opuestas sobre el uso de la tierra y el modelo productivo en Bolivia.
El tema, que ya ha generado movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos verbales entre dirigentes, requiere de un abordaje integral que combine soluciones sociales, respeto al marco legal y protección del medio ambiente. En medio del clima político polarizado, cualquier solución deberá sortear tensiones entre el gobierno central y las autoridades departamentales, así como entre organizaciones campesinas y productores privados.
Entre tanto, las familias establecidas continúan esperando una resolución que les proporcione seguridad sobre su porvenir, mientras que los propietarios y defensores del orden territorial exigen medidas que detengan lo que consideran un riesgo para la institucionalidad y la estabilidad agrícola en el este de Bolivia.
